La Amazonía agoniza bajo el peso de la deforestación, el extractivismo desenfrenado, los delitos ambientales y la corrupción. Sus protectores ancestrales, los Pueblos Indígenas, son testigos y víctimas de esta devastación, y alzarán su voz en la COP16, exigiendo ser escuchados. En la COP de Biodiversidad se jugará el futuro de la selva y sus habitantes. ¿Se permitirá en la COP16 que los Pueblos Indígenas sean protagonistas en la toma de decisiones que afectan su hogar y al mundo entero? La respuesta definirá el destino de la Amazonía y, quizás, el nuestro propio.
“Cada vez que hablemos de proteger y conservar la biodiversidad debemos considerar e incluir a los Pueblos Indígenas y comunidades locales, quienes tenemos una estrecha relación con la naturaleza y somos los primeros defensores de ella. Somos los guardianes de la Amazonía”, dice Fany Kuiru, coordinadora general de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), a Colmena Lab.
Kuiri, lideresa de la organización, que representa a más de 500 Pueblos Indígenas presentes en los nueve países amazónicos, se está preparando para asistir a la COP16 de Biodiversidad que se llevará a cabo el próximo octubre en Cali, Colombia. En la que presentará alternativas para la conservación de la biodiversidad, considerando en primera línea a las personas, pueblos, grupos y comunidades que la protegen.
El Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, adoptado en 2022 durante la COP15 de biodiversidad y aprobado por 188 países, menciona unas 20 veces a los Pueblos Indígenas, 16 a las comunidades locales y 1 a las defensoras y defensores de los derechos humanos relacionados con el medio ambiente. Se espera que en la COP16 las personas que cuidan de la biodiversidad sean los protagonistas del evento, ya que el gobierno de ese país ha difundido que esta COP es de la gente.
El marco de la biodiversidad posterior a 2020, es un paso importante en la protección de la biodiversidad, enfocado en los derechos humanos para abordar la pérdida de biodiversidad inducida por el hombre y el cambio climático.
Kuiru, que asistió a la cumbre de Montreal y que conoce este y otros acuerdos globales similares, no se confía.
“El papel aguanta todo, los discursos se los lleva el viento. La implementación del Marco y las acciones concretas de conservación deben centrarse en quienes realmente cuidan la biodiversidad: las mujeres sabias, los varones sabios. El resto es discurso, muchas veces son programas pensados desde un escritorio y que no aterrizan en el territorio”, advierte Kuiru.
Amazonía en la mira
Tanto en las COP de Cambio Climático y de Biodiversidad, así como en otras declaraciones y convenios internacionales, se lanzan campañas de protección de la Amazonía. La cooperación internacional es muy activa y muchas veces va de la mano con la evidencia científica, que cada vez advierte de la degradación de este bioma. Sin embargo, las políticas públicas ambientales y económicas muchas veces se contraponen en los países amazónicos. En medio de vacíos legales, o de legislaciones ambiguas (e incluso asolapadas), aumentan y se fortalecen las actividades ilícitas que depredan los ecosistemas, por ejemplo, el narcotráfico o la minería ilegal.
Como lo indica Colmena Lab en una nota anterior, en América Latina existe una situación política complicada que no permite que la sociedad civil se involucre plenamente en la toma de decisiones sobre protección ambiental y desarrollo sostenible. Hay conflictos entre algunos intereses económicos y la conservación, además de la falta de capacidad gubernamental para atender todas las necesidades ambientales.
La Amazonía, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad y riqueza cultural del mundo, está bajo amenaza. Los delitos ambientales, como la tala ilegal, la minería ilegal y el tráfico de especies representan un peligro creciente para su biodiversidad, sus bosques y las vidas de los Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.
La incesante deforestación, impulsada por actividades como la agricultura, la ganadería y la tala ilegal, junto con la apropiación y especulación de tierras, devasta los bosques y pone en peligro la supervivencia de innumerables especies. La pérdida de estos hábitats críticos e invaluables amenaza a especies emblemáticas como el jaguar, tomando en cuenta que la Amazonía alberga el 10% de las especies conocidas en el el mundo, así como a la rica biodiversidad de los ríos amazónicos, que están siendo sobreexplotados y contaminados por metales pesados y derrames de crudo.
Según el informe Amazonía Viva, de WWF, el 15% del bioma amazónico tiene concesiones mineras y contratos para la extracción de petróleo y gas, y las áreas protegidas no son la excepción.
“Más de 800 concesiones mineras se han otorgado en estas zonas y alrededor de 6.800 solicitudes están pendientes para su aprobación”.
WWF examinó 439 áreas protegidas y descubrió que más del 50% se superpone parcial o totalmente con concesiones mineras, lo que podría tener un impacto en 24 millones de hectáreas. Esto sin considerar la presencia cada vez más intensa de la minería ilegal en la Amazonía.
“La biodiversidad en todo el mundo está en riesgo muy grande. Por un lado, si el calentamiento global continúa como ahora o empeora si la temperatura se eleva 4 grados será la sexta extinción del mundo, cataclismo de especies, cero biodiversidad, extinciones generales. Esta va a ser la primera extinción de especies provocada por una especie humana, nosotros homo sapiens”, comparte con Colmena Lab el científico brasileño Carlos Nobre y presidente del Panel Científico por la Amazonía.
Para Nobre, la Amazonía está en riesgo inminente. Desde el Atlántico hasta la selva boliviana “estamos próximos al tipping point” (punto de no retorno, término acuñado por él en la década de los noventa).
Por otro lado, está la deforestación: “En la Amazonía brasileña más del 90% de los incendios provocados por humanos, no son descargas eléctricas, son humanos. Entonces, la deforestación es humana, la mayoría de la degradación es humana. Esta interacción del calentamiento global y la acción humana afectan directamente a la biodiversidad, la degradan”, añade Nobre.
Según un informe de “The Amazon We Want”, la pérdida de los bosques amazónicos, resultado de los efectos del cambio climático y las alteraciones del uso del suelo, comprometería la capacidad de los bosques primarios y secundarios para absorber alrededor de 1000 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO²) anualmente. Además, la Amazonía cumple el rol de regular el clima regional al reciclar agua a la atmósfera, las temperaturas del aire regionales y locales dependen de ella.
Desde la perspectiva de Nobre, quienes deforestan, degradan, contribuyen al cambio climático, perturban la biodiversidad de todos los bosques tropicales, serán responsables también de los riesgos de epidemias y pandemias.
Delitos ambientales vs biodiversidad
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) e Interpol han definido el delito ambiental como un término amplio que engloba actividades ilícitas que causan daño al medio ambiente con el objetivo de beneficiar a individuos, grupos o empresas. Estas actividades incluyen la explotación, el daño, el comercio o el robo de recursos naturales. Entre estas acciones ilegales se encuentran los delitos contra la fauna silvestre, la contaminación, el tráfico de sustancias químicas prohibidas, la pesca ilegal, la deforestación ilegal y la extracción minera ilegal.
A pesar de representar una seria amenaza para el planeta y la sociedad, los delitos ambientales suelen ser vistos como una tema secundario por la comunidad internacional encargada de hacer cumplir la ley y, en gran medida, carecen de una respuesta completa por parte de los gobiernos. No obstante, son uno de los actos más perjudiciales, de mayor expansión y lucrativos a nivel mundial, y sus repercusiones son globales. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), los crímenes ambientales impactan a todos los países de forma indiscriminada, lo que afecta a la biodiversidad, la seguridad nacional y el desarrollo socioeconómico.
Debido a su extensión geográfica, baja densidad poblacional, debilidad institucional y escasa presencia del Estado, la Amazonía se convierte en un entorno propicio para la proliferación de actividades ilegales.
“No solamente estamos frente a delitos ambientales sino también ante el crimen organizado, incluso transnacional. Estos delitos están relacionados con conductas que dañan bienes jurídicos, en este caso bienes jurídicos ambientales y bienes jurídicos que tienen que ver con biodiversidad, con ecosistemas”, señala Mariano Castro Sánchez-Moreno, exviceministro de Gestión Ambiental de Perú, a Colmena Lab.
Cuando se refiere a estos bienes, Castro resalta la biodiversidad marina, fluvial y lacustre: “Estamos hablando de pesca ilegal, de minería ilegal en donde se afectan territorios, ecosistemas amplios y, a partir del uso del mercurio, por ejemplo, se perjudican los recursos hidrobiológicos”.
Es importante tener en cuenta que cuando se habla de delitos ambientales, se podría pensar, equivocadamente, que estamos hablando solamente de daños ambientales, pero esto no es así, porque los delitos de esa naturaleza tienen impactos ambientales. “La deforestación genera el aumento de los gases de efecto invernadero, que retiene más calor en la atmósfera, lo que provoca un aumento de las temperaturas globales. Y con ello pérdida de biodiversidad, transformación de ecosistemas, fragmentación de hábitat y también se agravan situaciones de riesgos de desastres”, indica el ex viceministro peruano.
Aproximadamente el 18% de la Panamazonía ha sido deforestada y convertida a otros usos de suelo, y al menos un 17% adicional ha sido degradada dentro del bioma.
“La interacción entre diversos factores directos e indirectos determina la dinámica del cambio de uso de suelo en los países amazónicos. Las variaciones históricas en el ritmo y la ubicación de la pérdida de bosques también reflejan las respuestas a las políticas de desarrollo, las decisiones políticas nacionales y transnacionales, las fuerzas económicas, las estrategias de la legislación medioambiental, la inestabilidad política y la falta de capacidad institucional para detectar la deforestación legal e ilegal”, indica Nobre.
Existe una deforestación masiva en el sur y el este de la Amazonía, donde la pérdida de los bosques alcanzó 28% y la temperatura subió 3.1ºC en la estación seca. Esto provoca que la estación seca en toda la Amazonía se alargue de 4 a 5 semanas más, en comparación con su duración en 1979.
La deforestación, el extractivismo, los incendios y las actividades ilícitas mineras y narco delictivas no solo afectan a los bosques, sus habitantes, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales son quienes sufren directamente las consecuencias.
“Quienes vivimos en el bioma amazónico, estamos en riesgo constante. Si no se cuida la vida, empezando por la de los humanos, no hay futuro para cuidar la biodiversidad. Actualmente hay un riesgo de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas debido a las actividades de quienes deforestan la Amazonía. Los megaproyectos, las mineras sean legales o ilegales tienen los mismos efectos; lo mismo ocurre con las petroleras. Son los mayores depredadores de nuestros territorios y deterioro de la biodiversidad”, anota la lideresa de la COICA.
Kuiru considera que los gobiernos de la cuenca amazónica deberían pensar en restringir o excluir geográficamente a la Amazonía del extractivismo y generar políticas públicas de frontera para poder proteger del crimen organizado a los pueblos indígenas. “En Colombia no hay una política pública de frontera para afrontar toda esta situación de ilegalidad, de narcotráfico, de contrabando. Los gobiernos tienen mucha responsabilidad y urge fortalecer a las autoridades ambientales y a las autoridades indígenas”.
En un reciente evento periodístico organizado por Connectas, se le preguntó a Magaly Alva, directora del programa de Gobernanza Ambiental de Proética, capítulo de Transparencia Internacional en Perú, sobre las causas de los delitos ambientales. La funcionaria señaló que la corrupción es el driver que está detrás de otros factores que provocan la deforestación en la Amazonía. “Si no hubiera un funcionario corrupto o una entidad que está sistemáticamente corrompida, no se podría generar la actividad delictiva”, señaló.
Ella dio el ejemplo de mafias de tráfico de tierras en Ucayali, la segunda región amazónica más extensa del Perú. Estas contaban con operadores que despojaban de sus territorios a comunidades indígenas o agricultores, los que luego eran saneados por funcionarios públicos de entidades clave dedicadas a otorgar títulos de propiedad a los predios rurales y a sanear la propiedad agraria. Mientras decenas de comunidades deben esperar décadas para la titulación de sus territorios, algunas empresas son favorecidas en apenas tres meses.
“Cuando hablamos de economías y actividades relacionadas con delitos ambientales no solamente nos referimos a actores ilegales, que operan al margen de la ley, sino también a actores legales. La pugna por los territorios amazónicos en la última década es enorme”, subrayó.
La representante de COICA coincide: “Yo diría que las afecciones al medio ambiente no solamente proceden del crimen organizado, sino también de los Estados, que con sus acciones depredan la Amazonía y ponen en riesgo la biodiversidad. Insisto, los mejores y mayores conservadores del ecosistema amazónico están en riesgo, eso hay que visibilizar y tener en cuenta en las políticas nacionales y globales”.
Ella sabe que la COP16 no es una COP de derechos humanos, pero resalta que sin los humanos no hay conservación, sin los recursos hídricos en buen estado no hay biodiversidad. “Estos son dos temas inseparables, de lo contrario estaremos como siempre: discurseando, planificando, trabajando la implementación de proyecciones fallidas. Pueden darse todas las políticas, todo lo que se quiera para conservar la biodiversidad, pero si los mejores cuidadores de la biodiversidad son exterminados, no hay biodiversidad”, agrega.
Agenda para la COP16
Cada país tiene la responsabilidad de definir y tipificar los delitos ambientales en su legislación nacional, de acuerdo con sus propias circunstancias y prioridades. La Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB) sirve como marco internacional para guiar y promover la acción nacional en la lucha contra los delitos que afectan la biodiversidad.
“Estamos ante un problema público, relevante, que exige a los Estados definiciones políticas y actuaciones concretas. A nivel de la Convención, quiero subrayar que ninguna meta de protección de la biodiversidad se va a cumplir si es que no se enfrentan de forma clara y efectiva los delitos ambientales y se respetan los derechos ambientales”, enfatiza Castro.
Para el especialista, los países de la región tienen la tarea de reunir información clara y sólida, de la mano con la evidencia, para trazar prioridades donde los delitos están afectando la biodiversidad. “A partir de esa información, que debe ser generada y compartida por los países que compartimos ecosistemas como el amazónico o la zona marina, podemos acordar metas comunes que comprometan a las diversas instancias del Estado, no solamente al Ejecutivo, los fiscales, los jueces, la Policía o a las fuerzas armadas, sino al conjunto. Es un asunto de política exterior prioritaria. Estableciendo metas comunes hay posibilidad de avanzar en asignación de recursos, en intercambio de acciones, de cooperación efectiva de carácter internacional, etcétera. Para enfrentar los delitos ambientales”.
Castro considera, además, que dado que estamos ante el crimen organizado trasnacional, se deben reforzar los controles en las fronteras, y aquí la Interpol debe jugar un importante rol, “sobre todo en los temas de minería de oro ilegal y tráfico de flora y fauna silvestre”, donde hay países ‘productores’ y países ‘consumidores’.
En un reportaje periodístico recientemente publicado se narra que desde Ecuador se trafica hacia el exterior caballitos de mar y orquídeas, desde el Perú se trasladan a ese país tortugas, estrellas de mar y pericos. Desde Colombia hay persistencia de especies exóticas debido a la demanda y tendencias mundiales. Se han incautado pitones birmanos, erizos, hurones y ajolotes, por ejemplo.
Perú se ha constituido en un país de compra de especies en peligro de extinción en el Ecuador, como las aletas de tiburón confiscadas en Hong Kong, procedentes de Ecuador pero que fueron exportadas desde Perú, o las tortugas encontradas en un zoológico peruano que fueron robadas de Galápagos.
“Como hay mayores regulaciones para el comercio de grandes felinos en Asia, hay mayor demanda para el comercio de jaguar en Latinoamérica. Hay variaciones cuando, por ejemplo, se incrementa la regulación en Colombia y de pronto vemos mayor extracción en Perú; los animales van hacia las ciudades portuarias, en el caso de Ecuador hacia Guayaquil y en Perú hacia Lima, donde ingresan al tráfico internacional y salen hacia otros países. Dentro de la Amazonía hay cierta concentración en Iquitos, desde donde empieza la ruta fluvial hacia Colombia y Brasil”, señala en ese reportaje Patricia Mendoza, bióloga e investigadora de la Universidad de Washington.
La presión de este tipo de actividad se realiza sobre todo a nivel internacional —coincide Castro—, por lo tanto, resulta indispensable que los gobiernos refuercen mecanismos de control y sanción.
“En la COP16 se debería hablar del comercio de estas especies, sobre todo entre los principales países productores y consumidores, la trazabilidad entre otros aspectos”.
Nobre considera que las estrategias de conservación de la biodiversidad y de los bosques son una prioridad para mantener y restaurar la selva amazónica, que incluye zonas no perturbadas y degradadas, junto con su diversidad biológica y cultural asociada.
Detener la deforestación, la degradación forestal y los incendios forestales en menos de una década es un objetivo difícil pero alcanzable. Para el científico brasileño, la restauración de bosques degradados y tierras agrícolas deforestadas o abandonadas puede ofrecer oportunidades para que los formuladores de políticas nacionales y regionales promuevan numerosos beneficios económicos y socio ambientales, tanto directos como indirectos, para la población, la sociedad locales, Pueblos Indígenas, afrodescendientes y comunidades locales.